Artículo escrito para la revista alemana Lateinamerika Nachrichten. La versión editada y traducida se encuentra en este enlace
La columna vertebral de Colombia es el Río Magdalena que recorre el país de sur a norte. Nace en el macizo colombiano, en donde la cordillera de los Andes se comienza a dividir en tres cadenas montañosas. El Río Magdalena fluye, casi a nivel del mar, entre las montañas andinas. Esta extraña formación geológica en pleno trópico hace que sea una región con todo tipo de riquezas: petróleo, gas, oro, biodiversidad y mucha, mucha agua.
En el Magdalena Medio, más o menos a la mitad del recorrido del río, queda un pequeño municipio llamado Puerto Wilches. Entre población urbana y rural tiene 35 mil habitantes. Un cuarto carece de cualquier nivel de estudios y el 40% apenas hizo la primaria, según el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio. Aunque el pueblo está muy lejos del mar, y hace parte del departamento de Santander - que está en el interior del país y se caracteriza por la firmeza del temperamento y el hablando recio de su gente-, el río Magdalena lo conecta directamente con el Caribe. La cultura, entonces, está llena de su desparpajo. “La gente es ribereña, relajada: tenemos el estilo empático del costeño, pero de agua dulce”, relata Natalia Morales Blanco, una mujer joven que se resiste a la entrada del fracking en su territorio.
Es un gusto escuchar a Natalia con su acento medio costeño, medio santandereano. “El primer piloto de fracking está cerca, apenas a 10 minutos en moto del casco urbano, en el kilómetro ocho”, relata. La biodiversidad, cuenta Natalia, ha sido golpeada por un siglo de explotación petrolera y también por los monocultivos que se extienden con amplitud, especialmente los de palma. Aun así, la zona está llena de afluentes y de ciénagas, como la de Paredes. Allí vive todavía el manatí antillano, una especie en la Lista Roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza.
Las comunidades también viven en un estado permanente de zozobra, entre la pobreza y la violencia. “Todos hemos sido tan dejados y violentados que muchas veces sentimos que debemos aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente”, describe Natalia. El Magdalena Medio ha sido una de las regiones del país que han vivido el conflicto armado con más intensidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó la violencia que se ensañó con esta región en un informe que tiene el muy descriptivo nombre “Memoria de la Infamia”. Allí se relata la historia de masacres, homicidios, desplazamientos forzados y estigmatizaciones que ha azotado a esta región durante décadas.
En Colombia, muchos proyectos extractivos han logrado entrar fácilmente a los territorios históricamente afectados por el conflicto armado, pues, como dice Natalia “la gente no se atreve a alzar la voz”. Con el fracking, sin embargo, no ha sido tan sencillo. El gobierno nacional viene promoviendo la explotación de yacimientos no convencionales desde 2008, pero la resistencia de la sociedad civil ha logrado que hasta el día de hoy no esté permitido hacer fracking comercial en el país.
La movilización local comenzó cuando, en el año 2016, iba a ingresar la maquinaria de exploración de Conoco Philips a San Martín, un pueblo al norte de Puerto Wilches, también rodeado de ciénagas llenas de peces y montañas que ofrecen productos agrícolas de diferentes pisos térmicos. Gran parte de la comunidad se organizó e intentó bloquear la entrada de los vehículos. Hubo enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero la comunidad siguió activa y entre amas de casa, estudiantes, pescadores, comerciantes e incluso trabajadores del petróleo, fundaron la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec). Luisa Ojeda, estudiante de derecho y una de sus integrantes, narra que ese año hubo acciones de movilización nunca antes vistas en un municipio que fue controlado por los paramilitares durante tanto tiempo. La gente “promovió paro cívico, realizó asambleas en el parque y luego la marcha carnaval”.
La marcha carnaval es una expresión del ambientalismo popular en Colombia. Nació en el proceso de resistencia en contra del proyecto minero La Colosa – que honraba su nombre- en el departamento del Tolima, al sur del País. La marcha carnaval celebra la riqueza del territorio y de la cultura, la recuerda a la población la importancia de protegerlo de cualquier amenaza, y así, congrega a la comunidad en torno a la alegría, los colores y la música. A San Martín llegaron varias organizaciones a acompañar la marcha, como Censat Agua Viva. En torno a este espíritu festivo de resistencia se comenzó a articular la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Hoy, la Alianza es un actor político que ha posicionado la agenda del fracking en muchísimos espacios. De ella hacen parte organizaciones y personas de distintas regiones y experticias. Cuenta además con un grupo de profesionales que la asesoran y acompañan en temas judiciales, técnicos y económicos. La Alianza logró que el fracking se convirtiera en un tema importante en las contiendas electorales. En las pasadas elecciones presidenciales, todos los candidatos tuvieron que tomar postura al respecto. Iván Duqe, el actual presidente, prometió en ese momento que en Colombia, bajo su mandato, no se haría fracking.
Apenas se posesiono, sin embargo, Duque mostró que incumpliría su promesa. Sin embargo, no le ha quedado fácil. El Congreso de la República discute hoy dos proyectos de ley que prohíben la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia; al menos cincuenta congresistas de diferentes partidos se han comprometido públicamente con esta postura. La Alianza Colombia Libre de Fracking, a través de su equipo técnico, apoyó la construcción del articulado y de la fundamentación de estos proyectos e integró argumentos climáticos, ambientales, sociales y económicos, entre otros.
Por otro lado, el Consejo de Estado suspendió la normatividad sobre fracking como una medida cautelar, mientras toma una decisión de fondo frente a una demanda de nulidad que presentó la Clínica Jurídica de la Universidad del Norte. “El equipo jurídico que apoya a la Alianza estableció un contacto con la clínica y comenzamos a hacer una estrategia conjunta. Llamamos más aliados y hoy tenemos una red de apoyo jurídico muy sólida”, explica la abogada Juana Hofman, parte de este equipo y litigante del caso.
En consecuencia, hoy no se puede realizar fracking en Colombia, ni explotaciones de yacimientos no convencionales de ninguna clase. No obstante, el Consejo de Estado permitió que se realizaran Proyectos Piloto, siempre que cumplieran con algunas condiciones mínimas, entre otras, las siguientes: que su carácter fuera científico y que lograran obtener licencia social, identificar tecnología de mínimo impacto y fortalecer la institucionalidad. El gobierno nacional reglamentó entonces estos Proyectos Pilotos para los que estableció un procedimiento y una arquitectura institucional. Dispuso que podrían realizarse hasta cuatro de estos proyectos, cada uno con máximo dos pozos. El 24 de diciembre de 2020, se firmó el primer contrato entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol para avanzar con el Proyecto Piloto Kalé, precisamente el que queda en el km 8 de Puerto Wilches.
La Alianza Colombia Libre de Fracking, congresistas de la República y otros actores han cuestionado el carácter científico de los pilotos: han señalado que el Ministerio de Minas, que tiene una postura pública pro-fracking, sea juez y parte en todas las etapas de levantamiento de información, divulgación y evaluación. Asimismo, que no haya pares expertos e independientes que participen en el proceso y que los pilotos no podrán dar cuenta de los impactos que tendrá el fracking en escalas territoriales y temporales mucho más amplias. Adicionalmente, que las empresas interesadas en la explotación comercial serán quienes levanten la información: “es como si las tabacaleras investigaran los daños de fumar”, dice el abogado y comunicador Héctor Herrera, y añade: mucho menos si tienen una inversión inicial de 76 millones de dólares, como la de Ecopetrol para Kalé.
Otros sectores del ambientalismo en Colombia celebran que, por lo menos, se haga un ejercicio investigativo antes de la explotación comercial. El gobierno nacional ha sabido canalizar esta discusión a su favor y posicionar la idea de que quien se oponga a los pilotos, está en contra de la ciencia. Sin embargo, hay un tema del que se habla muy poco, pero que en una sociedad con una ética avanzada, debería ser el más importante: la situación de pobreza y violencia armada en la región que impide a la gente pronunciarse y participar.
A pesar de los procesos de desmovilización paramilitar y de las Farc, la zozobra y el miedo se respiran aún por las calles. Apenas en noviembre de 2020, circuló un panfleto de las misteriosas “Águilas Negras – Bloque de Magdalena Medio” que amenazaba de muerte a Óscar Sampayo y a otros líderes ambientalistas en caso de que no abandonaran el territorio en 24 horas. La repercusión de estos hechos sobre los movimientos locales es muy alta. “Es muy diferente no salir a la calle por la cuarentena del Covid, que por estar amenazado. Muchos amigos y compañeros están viviendo esa situación”, señala Javier Cáceres de la Corporación Yariguíes en Barrancabermeja. “La Policía dijo que las Águilas negras no existen. Se han hecho algunas reuniones con autoridades, pero no hay ninguna medida efectiva para proteger a la gente”, complementa.
En Puerto Wilches, quienes han liderado la oposición en contra del fracking son personas muy jóvenes, que no superan los 25 años. El año pasado fundaron el Comité Aguawil y lograron visibilización nacional por los actos de movilización que promovieron en diciembre de 2020. Sin embargo, sus padres se sienten más asustados que orgullosos. “Nos dicen que nos estamos poniendo una lápida en la espalda”, dice con tristeza Natalia, integrante del Comité. “Nuestros padres sienten que nosotros solo somos un obstáculo, porque todo ya está decidido. Y aquí las cosas se resuelven de forma radical”.
Aguawil intenta hacer pedagogía con la gente y explicar los riesgos del fracking. Para sostener el movimiento, venden camisetas a $20 mil pesos (5 euros), que poca gente les puede comprar. El gobierno aspira a otorgar licencia ambiental a finales de año para comenzar la exploración y explotación científica de Kalé. ¿Cómo evaluarán jueces y funcionarios la licencia social en una región azotada por la pobreza y la violencia?